WASHINGTON (BP) — Los líderes antiabortistas expresaron su profunda decepción con la Suprema Corte de los EE. UU. al negarse el lunes (29 junio) a ratificar una ley de Luisiana diseñada para proteger las vidas y la salud de las mujeres exigiendo que los doctores que practican abortos tengan licencia para el uso de los quirófanos de un hospital.
En una decisión de 5-4 votos, la suprema corte falló que la ley — la cual mandaba que un doctor debe tener licencia para el uso del quirófano de un hospital ubicado dentro de un radio de 30 millas alrededor de su clínica donde éste practique el aborto — violaba la Constitución de los EEUU al imponer una “carga excesiva” en el derecho de una mujer a tener este procedimiento. Los jueces encontraron que la medida de Luisiana era casi idéntica a una ley de licencia de acceso a quirófanos en un hospital que ellos negaron en el 2016.
Los antiabortistas tenían la esperanza que la disposición de la Suprema Corte de emitir un fallo sobre la ley de Luisiana señalaba que estaba lista para revisar el estándar legal que usó cuando invalidó el requerimiento de Texas hace cuatro años.
Russell Moore, el bautista del sur experto en ética, describió el fallo como “decepcionante y equivocada.”
“La ley de Luisiana fue dirigida hacia la simple meta de proteger del peligro a las mujeres al poner las más mínimas restricciones posibles a una industria del aborto que insiste en operar laissez-faire por sí misma y por ganancias,” dijo Moore, presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC). “Sin embargo, continuaremos buscando una América donde las personas vulnerables, incluyendo a los niños nonatos y a sus madres, sean vistas como valiosas, no como desechables.”
El Comité Nacional del Derecho a la Vida está “extremadamente desilusionado,” dijo su presidenta Carol Tobias. La decisión “deja vulnerables a las mujeres,” añadió.
Kristen Waggoner, consejera general para Alliance Defending Freedom, dijo que las mujeres que quieren tener un aborto “tienen el derecho a recibir cuidados competentes y de calidad como pacientes involucradas en otros procedimientos quirúrgicos. La ley de licencias para el uso de quirófanos en los hospitales protege ese derecho.”
Los partidarios del derecho al aborto recibieron bien el fallo.
Ilyse Hogue, presidenta de NARAL Pro-choice America, describió la decisión como “una victoria para las mujeres en Luisiana quienes continuarán teniendo acceso al cuidado tan sensible que necesitan durante un aborto.”
El fallo ofreció el retraso más reciente para muchos cristianos evangélicos y conservadores que habían buscado la adición de jueces originalistas o construccionistas estrictos a la Suprema Corte. Sucedió tan sólo a dos semanas de la decisión parteaguas de 6-3 en la cual la corte suprema apoyo los derechos de los gays y transgénero al fallar a favor de que la ley de protecciones no discriminatorias en lugares de trabajo federales cubra la “orientación sexual” y la “identidad de género.”
En la decisión del 29 de junio, el juez principal John Roberts proveyó el margen necesario para los jueces que votaron a favor de dar reversa a un dictamen de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans que ratificaba la ley. Roberts dijo que no firmaría la decisión de la corte con una pluralidad de cuatro personas, pero él mismo dio el voto decisivo para presentar un dictamen que concordaba con su juicio.
Roberts no concordaba con el fallo de la Suprema Corte en el caso Salud Integral de la Mujer vs. Hellerstedt, el fallo del 2016 que derogó la ley de licencia de uso de quirófanos en un hospital. Pero dijo en su dictamen de concurrencia sobre la medida de Luisiana que la cuestión “no es si la Salud Integral de la Mujer era correcta o incorrecta, si no si se adheriría a ella al decidirse el caso presente.”
El principio legal de precedentes gobernando el proceso de la decisión de la corte “nos exige, faltando circunstancias especiales, tratar casos similares de manera similar,” escribió Roberts. “La ley de Luisiana impone una carga en el acceso al aborto tan severa como la impuesta por la ley de Texas … por lo tanto la ley de Luisiana no puede sostenerse bajo nuestros precedentes.”
En el dictamen de la corte, Stephen Breyer, el juez asociado, describió la medida que está siendo considerada como “idéntica casi palabra por palabra” a la ley de Texas y dijo que “podría haber obstáculos substanciales en el sendero de las mujeres que buscan un aborto en Luisiana.”
Aunque Luisiana argumentó que los proveedores de abortos que retaron la ley no tenían una postura legal para traerlo a juicio, Breyer dijo que el estado no aplicó tal argumento a nivel de la corte federal.
Los jueces asociados Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se unieron a Breyer en el dictamen. Los jueces que disintieron fueron Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Cada uno presentó un dictamen en contra.
En su disentimiento, Thomas dijo que los proveedores de abortos carecían de postura legal. También dijo que las opiniones previas de la corte en las que se basó el fallo más reciente “crearon el derecho al aborto usando fabulaciones, sin una gota de apoyo en el texto de la Constitución. Nuestros precedentes sobre el aborto están gravemente equivocados y deben ser derogados.”
La prueba de la “carga excesiva” en la que se basa la decisión de la corte es un estándar ofrecido por los jueces en su dictamen sobre el caso Planned Parenthood vs. Casey en 1992, el cual afirmó el derecho legal al aborto mientras permitía a los estados regular los aspectos de la práctica del aborto para proteger las vidas y la salud de las mujeres.
La ERLC, junto con el Sínodo de la Iglesia Luterana de Missouri, contendieron en un informe de amigos de la corte como apoyo a la ley de Luisiana que la prueba de la “carga excesiva” es el estándar incorrecto para las leyes que regulan a los doctores que practican el aborto. En lugar de la regla de la “carga excesiva” en cuanto a los requisitos de salud y seguridad, la Suprema Corte debería usar un estándar de un dictamen de 1997 que pide “una revisión ordinaria de las bases racionales,” dijeron en su presentación.
Desde la decisión sobre el caso de Texas, el presidente Trump ha nombrado a Gorsuch como el remplazo del fallecido Antonio Scala, quien murió en el 2016 antes de este fallo. Cuando se jubiló el juez asociado Anthony Kennedy en el 2018, Trump nombró a Kavanaugh. El Senado de los EE. UU. confirmó a Gorsuch en abril del 2017 y a Kavanaugh en octubre del 2018.
Antes del dictamen, 11 estados tenían alguna forma de ley en vigor sobre la licencia de acceso a un hospital, según el Guttmacher Institute, anteriormente afiliado con Planned Parenthood. Esos estados eran Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur Dakota del Norte, Florida, Indiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma y Texas.
La medida de Luisiana — presentada por la representante demócrata Katrina Jackson — obtuvo su aprobación con abrumadoras mayorías bipartitas en ambas cámaras y fue firmada como ley por el gobernador demócrata John Bel Edwards.
El nombre del caso es June Medical Services vs. Russo.
