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La Corte Alta deja ‘esperanzados’ a centros defensores provida


WASHINGTON (BP) — Una mayoría de la Corte Suprema de EE.UU. pareció receptiva hoy (20 de marzo) a los argumentos de los centros de embarazo provida sobre una ley estatal que requiere que ellos esencialmente den a conocer servicios de abortos que violan su libertad de expresión.

La decisión de los jueces en el caso — que se esperaba antes del fin del periodo de este verano — probablemente tendrá repercusiones importantes para cientos de centros de cuidado de embarazo en numerosos estados. La ley de California en disputa es parte de un esfuerzo continuo de los defensores de los derechos al aborto y sus aliados legislativos en ciudades y estados para limitar el impacto de los centros provida que proveen servicios gratuitos a mujeres embarazadas.

Los argumentos orales de hoy les dieron a los defensores de los centros de embarazo razón para esperar que la corte alta falle a su favor. Jueces tanto del centro ideológico como de la izquierda ideológica de la corte expresaron fuertes dudas acerca de la ley.

La Ley Reproductiva FACT 2015 de California requiere que los centros autorizados de embarazo pongan en un sitio público o informen a sus clientas por escrito el acceso gratis o a bajo costo y los servicios de planificación familiar del estado. La ley también dispone que los centros no autorizados provean la información de que no están autorizados médicamente y que no tienen un profesional en medicina autorizado.

Con los argumentos orales, “vemos de nuevo las indignantes demandas hechas en este caso, que atacan la misma esencia de la libertad que esta nación ha buscado mantener y proteger,” dijo Russell Moore, presidente de la Comisión de Libertades Religiosas y Ética (ERLC) de los bautistas del sur.

“Una y otra vez, vemos la industria del aborto maniobrando para silenciar todas y cada una de las discrepancias que pudieran amenazar su industria de la muerte,” le dijo Moore a Baptist Press en comentarios escritos. “Tengo la esperanza de que la Corte Suprema falle en contra de estos esfuerzos que apuntan a grupos que sirven a estas vulnerables mujeres.”

Los partidarios y las organizaciones provida han establecido miles de centros de embarazo para ayudar a las mujeres en necesidad desde que la Corte Suprema legalizó el aborto en 1973. Muchos proveen ecografías gratis que demuestran la humanidad del niño nonato y frecuentemente ayudan a las mujeres a decidirse a dar a luz. Los servicios de los centros también incluyen consultas médicas, ropa para bebé y pañales, entrenamiento de trabajo, programas de orientación, y clases prenatales y de crianza de los hijos.

Si la ley de California sobrevive a la objeción legal, los centros provida enfrentarían multas de hasta $1,000 al día por desafiar sus requerimientos. Otros estados con legislaturas y gobernadores proelección podrían seguir el ejemplo de California. Illinois y Hawaii ya han promulgado leyes similares.

La Ley Reproductiva FACT requiere que los centros autorizados de embarazo pongan a la vista letreros para las clientas que digan: “California tiene programas públicos que proveen acceso inmediato gratuito o a bajo costo para servicios integrales de planificación familiar (incluyendo todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA), cuidado prenatal, y abortos para mujeres elegibles. Para determinar si califica, contacte las oficinas de servicios sociales del condado en [inserte el número de teléfono].”

Durante los argumentos orales, algunos jueces parecían incómodos cuando recibían las respuestas de los abogados acerca del efecto de la ley. El juez Anthony Kennedy — a menudo el voto indeciso de la corte — dijo en cierto momento que el requisito de poner los avisos parecía como una “carga indebida” que invalidaría la ley. La jueza Sonia Sotomayor, liberal, indicó cerca del fin de los argumentos que la medida parecía gravosa y equivocada.

Michael Farris — representante de los centros de embarazo — dijo que la corte de California “se enfocó” en los centros provida con una ley dirigida directamente a “desaprobar” la expresión “desaprobando” a los hablantes. Como resultado, “solamente los centros provida sin fines de lucro” son afectados, dijo Farris, presidente de la Alianza en Defensa de la Libertad.

Joshua Klein, procurador general suplente de California, les dijo a los jueces que el estado aprobó la ley para hacer conscientes a las mujeres pobres de los servicios públicos disponibles para ellas cuando están embarazadas.

Mark Rienzi, presidente de Becket que asistió a los argumentos, le dijo a BP más adelante que muchos jueces “parecían entender que el estado parece como si se hubiera enfocado en los hablantes provida para restricciones especiales de expresión.”

El Instituto Nacional de la Familia y Defensores de la Vida (NIFLA) — una red nacional de más de 1,400 centros de cuidado de embarazo — y dos centros provida objetaron la ley. Más de 100 de los centros de embarazo NIFLA proveen asesoría legal, educación y entrenamiento en California.

La ERLC se unió a la Asociación Nacional de Evangélicos, Mujeres Preocupadas por EE.UU., Fundación Nacional Legal y Billetera de los Samaritanos en un escrito Amicus Curiae a favor de los centros de embarazo. El escrito contendió que la ley de California inconstitucionalmente discrimina con base en un punto de vista.

En octubre de 2016, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU. en San Francisco — al igual que un juez federal anteriormente — rehusó conceder un requerimiento que bloqueara la ley de California. En su opinión, el panel del Noveno Circuito dijo que la ley no viola las protecciones de libertad de expresión o el libre ejercicio de la religión de la Primera Enmienda. La ley “no discrimina con base en un punto de vista,” dijeron los tres jueces del panel.

Los gobiernos locales también han puesto requerimientos de expresión a los centros provida de embarazo, mandando que coloquen letreros, por ejemplo, que digan que ellos no proveen abortos ni anticonceptivos ni hacen referencias para esos servicios. Las cortes han invalidado todos o la mayoría de los mandatos en Austin, Texas; Baltimore; el condado Montgomery, Md.; y New York City.

El caso es NIFLA vs. Becerra.

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  • Por Tom Strode